Es el sistema del Estado, fundamentado en un marco legal, que administra a través de sus diferentes instituciones, la gestión de la información y políticas de los derechos de propiedad. Este establece los procedimientos administrativos y judiciales para la transferencia, atributos físicos de territorialidad, usos, valoración de la tierra y cargas tributarias, que permitirán brindar la seguridad y certeza jurídica en materia de propiedad.